La economía colaborativa, definida como el esquema económico en el que se comparten y/o intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales o físicas, parece llamada a ser la próxima gran revolución en la forma de producir y consumir servicios en la sociedades avanzadas.
Sin embargo a pesar de la gran atención mediática dedicada al tema, la expansión de este esquema económico sigue mostrándose muy limitada y abocada a sectores económicos muy concretos. El presente artículo pretende realizar un muy breve análisis sobre factores a favor y en contra para una expansión sostenida de este nuevo modelo económico.
EN POSITIVO:
- La economía colaborativa se integra fácilmente con la vida personal y social de las personas: a) Al aprovechar sus experiencias y conocimientos personales; b) Al poder ser desarrollada en una zona geográfica cercana al domicilio particular; c) Al estimular el trato de igual a igual sin dependencias jerárquicas; d) Al hacer posible una gran elasticidad de los horarios de actividad.
Por todo ello los intercambios colaborativos suponen una fuente de stress menor que la actividad laboral tradicional, insertándose con mayor facilidad en nuestro esquema vital y facilitando la conciliación.
- Soporte tecnológico: El factor más obvio. La revolución social proporcionada por los smartphones y la tecnología 3 y 4G ha allanado radicalmente el camino para la expansión de este tipo de intercambios. La geolocalización en tiempo real y la facilidad de programar apps específicas permiten llevar la economía colaborativa al ámbito donde mejor puede funcionar, el local, y permite que alcance a todo tipo de servicios u objetos plausibles de intercambio.
- Adiós (de momento) al “muro” de las obligaciones sociales: La economía colaborativa en cuanto transferencia de valor sin mediación de dinero (ojo, si no estamos hablando de otra cosa), libera a sus agentes de la mayor dificultad que afrontan cuando quieren vender un servicio o actividad persona: la obligación (si no quieren formar parte del sector informal) de actuar como autónomo, con la enorme carga social y fiscal que deben soportar en términos relativos. Los gobiernos, temerosos de un fraude fiscal generalizado por parte de este colectivo, establecen una tasa mínima de cotización por mes que es independiente del nivel de facturación. Este fijo puede o no tener sentido, pero eleva radicalmente el nivel mínimo de facturación a partir del cual la actividad por cuenta propia es rentable. Con ello se excluye (o empuja a la economía informal) a una enorme cifra de profesionales que contemplan la posibilidad de ser económicamente autosuficientes mediante la actividad autónoma pero a los cuales no les dan las cuentas.
Por supuesto existe un claro debate sobre el alcance que deben tener dichos aportes, dado que el cálculo económico indica que en promedio lo aportado no soporta el gasto generado por el propio autónomo como demandante de prestaciones sociales. Este debate no tiene en cuenta que el autónomo no tiene la capacidad de concentración de capital de las empresas y por tanto tampoco la misma capacidad de generación de valor añadido. Pero esta cuestión no se aborda en este artículo.
EN CONTRA
- Soporte tecnológico: Si bien han surgido numerosas apps destinadas a poner en contacto oferentes de servicios para su intercambio, a día de hoy no ha surgido la app definitiva que consiga aunar los requerimientos de los usuarios y el momentum social y que logre “romper” el mercado, haciéndose de uso masivo. Una herramienta así debería tal vez venir generada desde uno de los gigantes tecnológicos actuales, para poder asumir un volumen de utilización masivo sin verse aprisionada por las exigencias de monetización inmediata. Peor tal vez ningunos de dichos gigantes vea una rentabilidad clara en generar una herramienta así.
- El Estado: Básicamente si puedes nombrar algo, el estado lo puede gravar. Situados en un futuro inmediato en el que los intercambios de servicios se hubieran masificado, inevitablemente los estados de las naciones desarrolladas se alertarían ante el crecimiento de un sector basado en las transferencias de valor y no en los medios de pago líquido, y por tanto no sujeto al IVA, IRPF, etc.. Un sencillo cambio legislativo pondría estos servicios bajo la órbita de la fiscalidad pública, añadiendo una carga de burocracia, obligaciones y administrativas y licencias necesarias que desnaturalizaría su esencia y eliminaría buena parte de sus ventajas.
Por otra parte, la herramienta tecnológica que se imponga deberá contar con un sistema bien aceitado e integral de valoración de los distintos servicios ofertados, para que el intercambio pueda establecerse entre prestadores de servicios heterogéneos. Si esto ocurre (y es necesario que ocurra para poder crear un mercado de intercambios eficiente), en la práctica se estará creando una moneda virtual destinada a valorizar los distintos servicios. Y esto, cualquier experto dirá que es gravable por definición.
- Transición: Osteópatas titulados contra masajistas aficionados cuya certificación proviene de la valoración de los usuarios de sus servicios. Taxistas que deben pasar por el control oficial de sus vehículos frente a usuarios con coches destartalados pero que trasladan a la gente a cambio de créditos de servicio. Actualmente la valoración on line de muy distintos servicios ya funciona, extendiéndose de la ya tradicional de restaurantes y hoteles (tripadvisor) hasta la de profesionales especializados (médicos, etc). Pero el salto a un mercado donde la titulación o las licencias profesionales pierden buena parte de su valor como freno al ingreso de nuevos jugadores, no es algo que se vaya a producir suavemente. La transición no será tan idílica como algunos gurús prevén, y generará muchas tensiones.
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